De: Gustavo Rivero
(Cantautor Cruceño)
¿Qué gana, con esta ley, el capitalista (es decir el burgués, es decir, como se dice acá, “el empresario”)?
Para empezar, recordemos cómo son las cosas ahora, antecito de que esta ley ... u otra con el mismo espíritu se apruebe por mayoría absoluta.
El capitalista sabe que una cierta cantidad de dinero o la plata que se apropia del obrero tiene que invertirla en publicidad para su producto y su empresa. Así, el capitalista contrata a publicistas, fotógrafos, actores, músicos, videastas que realizaran spots para proyectarse en tv y en cines, etc., todo con el fin de vender su producto.
Así mismo, con el fin de “lavar su imagen”, puede, con la plata que se apropia de los obreros, realizar obras de “caridad” o financiar parte o la totalidad de obras de teatro o películas o cómics.
Obras que, se entiende, no hablen de cosas que a la empresa que apoya le parezcan inconvenientes (cosas como derechos laborales, derechos humanos, democracia económica, etc).
El cine boliviano y mucho del arte contemporáneo se ha hecho y hace con el “apoyo” del tal o cual empresa. De esta manera gana el capitalista, que se muestra así como una persona culta que apoya el arte, etc. y cuya firma o empresa se promociona como altruista. Gana también el artista o el promotor cultural que ve así realizado su proyecto.
El obrero, cuya plata es la que “dona” el capitalista, casi nunca gana nada. Muchas de las obras que se financian con su plata sólo la verán algún minúsculo grupo de personas “cultas”.
Ahora bien, es cierto que, de todos modos y por diversas razones, este “apoyo” a la cultura es una inversión para el capitalista, es algo que sí o sí tiene que hacer para poder competir con otros capitalistas. Pero ¿no sería genial para él si la parte de la plata obrera que invierte en lavar su imagen y vender su producto se la pagara el gobierno? Para el capitalista sería magnífico. Así esta plata extraída a los obreros la podría usar en comprar más maquinaria o contratar más obreros para explotar o simplemente gastársela en lujos familiares. Y esto es precisamente lo que la ley – Baires ofrece al empresariado.
Apartir de la promulgación de esta ley, el gobierno, con plata de todos los obreros y asalariados y contribuyentes bolivianos, estará financiando la publicidad de las empresas privadas.
No otra cosa es lo que se busca al proponer que la plata que la empresa invierte en publicidad e imagen sea asumida como pago impositivo. El 100% (en la ley argentina, menos salvajemente, sólo el 50%) de la plata que el capitalista aporte para la “cultura” será considerado como parte del pago de impuestos. Es decir, si hasta ahora el capitalista pagaba sus impuestos al Estado y de esta manera devolvía algo de la plata obrera de la que se apropiaba, y además daba algunos pesos a “artistas” y “promotores” para lavar su imagen, tras la aprobación de esta ley… pagar impuestos y hacerse publicidad son la misma cosa!
Esto está muy pero muy pero muy bien para el capitalista o empresario (desde el petrolero transnacional que saquea unos hidrocarburos jamás nacionalizados hasta al explotador local).
Pero y el gobierno…
¿qué gana el gobierno?
De entrada, el gobierno, el ejecutivo propiamente, ganaría el control exclusivo de los contenidos de las obras. De este modo no sólo la imagen de la empresa privada está asegurada, sino también la imagen del gobierno. Antes de la aprobación de la ley, el empresario o capitalista era el que controlaba directamente el contenido de la obra que le lavaría la cara. Igualmente, un capitalista de una fracción burguesa distinta a la fracción que hegemoniza el gobierno podía financiar una obra que criticase la gestión de Morales. Ahora si el capitalista quiere que se le pague su publicidad, tiene que ceder el control de los contenidos a los ministros (no elegidos por el pueblo sino puestos por el presidente), privándose así de criticar al régimen.
Si al cementero Doria Medina le diera por financiar un documental que criticase al masismo desde una óptica empresarial y que de paso lo muestre como un patrón ejemplar, quizás lo pueda hacer –si antes no lo apresan ilegalmente- pero la plata que se invierta en ese documental no será considerada como pago de impuestos. Sólo el dinero invertido en aquellos proyectos aprobados por el consejo permanente de ministros y gente puesta por ellos serán considerados como gasto impositivo.
El gobierno gana además la posibilidad de generar más pegas con plata de los contribuyentes. En efecto, el consejo de promoción cultural, que en la ley bonarense original no recibe paga del Estado, es en la mala copia de Chaco pagado por los contribuyentes. No sólo que media docena de ministros recibirán doble sueldo –como ministros en sus respectivas áreas y como “consejeros de cultura”, sino que se generará todo un complejo burocrático alrededor del famoso “consejo de ministros” que le permitirá dar pegas, es decir, cargos completamente superfluos destinados a mantener al ejército de empleados del presidente. Este ejército de profesionales en estorbar y, en este caso, en censurar, se sumaran en su mayoría al ejército de votantes, el ejército de empleados que para mantener su pega y justificar su no hacer nada, defenderán al gobierno que les da sueldo y votaran, secreta o abiertamente por él.
No conforme con haber llegado a la cifra record de más de 20 ministerios, el MAS sigue erigiendo fortalezas del estorbo y el control burocrático decretazo a decretazo.
Y, por último pero no menos importante, esta ley, de aprobarse –y no veo quien pueda impedir su aprobación seguramente mayoritaria- sería una buena victoria sobre cualquier tipo de autonomía política, ya sea indígena o departamental. Es una ironía de la ministro que sea precisamente una ley de una gobernación autónoma la que haya servido de modelo para esta mala copia hipercentralista, que cercena aún más si cabe, el por todos lados recortado principio autonómico.
Pero…
¿qué ganan los “artistas” y “promotores de cultura”?
Estos son los grandes perdedores, sin duda. Si hasta antes de la ley muchos de ellos se relacionaban directamente con los capitalistas, ahora muchos capitalistas se verán reacios a trabajar directamente con creadores y estarán más bien estimulados a dejar todo en mano de los burócratas estatales. Esto servirá además a muchos capitalistas de pretexto para dejar de apoyar a algunos proyectos creativos.
A los creadores, artistas, científicos y promotores culturales les estorbará y burocratizará infinitamente su relación con los capitalistas privados. Sellos, colas, esperas, más gastos, para que un lejano consejo de empleados del presidente, en lo absoluto relacionados con las lides del arte y la ciencia, apruebe o desapruebe el contenido y la calidad de su proyecto artístico o científico.
Como bien señalaba la redacción de Bolpress hace unos días:
"Varios grupos culturales bolivianos, sobre todo los vinculados al teatro, observan que el proyecto de ley oficialista no sólo exime al Estado de su obligación de invertir en la cultura, sino que pretende centralizar y hasta estatizar los fondos y los auspicios que ya otorgan empresas y Ongs a diversas actividades.
En otras palabras, el Estado no gasta un centavo en cultura, y ahora quiere controlar los auspicios de empresas privadas, y de paso reglamentar la creación artística".
